EL RIO ODIEL ( XI )

Ricardo Gómez Ruiz

Viviendo del campo, del oficio manual o del comercio, la población de entonces poseía un grado aceptable de bienestar para la época, sin grandes diferencias económicas. Como en tiempos pasados, aún existen boyadas comunales, impuestos de raíz medieval y enormes privilegios para la Iglesia. Los documentos notariales muestran numerosas compraventas de pequeñas fincas. Por el contrario, no detectan ni latifundios extensos ni grandes fortunas.

Todo este sistema social va a sufrir una transformación paulatina a lo largo del Siglo XIX, desde sus mismos inicios. Tres episodios sucesivos, uno bélico, el segundo político y el último industrial, serán los determinantes de un cambio irreversible aunque ciertas formas de vida perdurarían con carácter residual hasta los tiempos modernos. Fueron aquellos la Guerra de la Independencia, los procesos de Desamortización y el resurgir de la minería del cobre.

El levantamiento popular del Dos de Mayo fue conocido en la comarca pocos días después a través de Mérida, dando lugar a actitudes de exaltación patriótica, bandos de alistamiento y formación de milicias populares. Sin embargo, no parece que afectara de forma notable al normal transcurrir de la vida cotidiana .

La toma militar de la zona se inició a sangre y fuego en la Primavera de 1810, desde Castillo de las Guardas, provocando un éxodo general de la población hacia el Oeste. Tampoco las trágicas consecuencias de esta acción de conquista debieron incidir gravemente en las coordenadas socioeconómicas del área. Los franceses permanecieron en ella menos de una semana, limitándose a imponer obediencia a José I. Pasados unos días, tanto la Administración Local como las Notarías revelan una actividad normal.

Fue un año después cuando comenzó el calvario para la población pues las tropas realistas e imperiales, a su paso alternativo por los pueblos, esquilmaban los escasos recursos hasta límites de subsistencia.

El 8 de Septiembre de 1811 se procede a la “Venta Real y enagenación” de tierras de Capellanías, Hermandades y de Propios que poseía Zalamea desde “inmemorial tiempo”. Entre ellas se incluyen las que costaron al pueblo 33.000 reales de vellón en 1744 en un pleito ganado por la villa frente al Juez Comisionado Caro de la Barrera. Solo pueden venderse algunas suertes de encinas, lo que nos da una idea del estado económico de la población en aquellas fechas.

El 9 de Noviembre de 1812 y ante las amenazas y coacciones de los ejércitos en lucha, el Ayuntamiento de Zalamea, en una situación angustiosa, se ve obligado a enajenar en pública subasta la dehesa Rincón de El Villar, uno de los extensos bienes comunales que poseía el pueblo desde mediados del Siglo XIV. De su parcelación y venta resultó mayor beneficiario un Presbítero, Don Juan Lorenzo Serrano. Con este religioso se inicia un latifundismo espectacular
que aún perdura en nuestros días .

Numerosos baldíos, definidos genéricamente como tierras realengas, y seis dehesas poseían estos pueblos ante de los procesos de desamortización. Otra, la del Arzobispo, era propiedad de la Iglesia. Al menos tres de aquellas, La Alcaría, Rincón de El Villar y del Cabildo se extendían en este área junto a variados terrenos abruptos, presumiblemente realengos, dado su escaso valor económico. El régimen de propiedad de la tierra se completaba con numerosas capellanías, propiedades de hermandades y obras pías así como un número indeterminado de tierras de arada particulares.

Los procesos de desafectación modificaron drásticamente el régimen de la propiedad agraria. En los archivos se describen algunos tímidos intentos de privatización de bienes comunales anteriores a la llamada Desamortización de Godoy de 1798 pero es desde principios de siglo cuando las ventas de bienes municipales adquieren un volumen considerable, con la base legal de variadas disposiciones .

Mediante aquel proceso de enajenación las fincas se dividían en padroneras y éstas, a su vez, en suertes a bajo costo. Se adquirieron en subasta por importes que oscilaban entre los 700 y 1600 reales de vellón cuando su precio real era muy superior. Y el producto de las ventas, salvo la excepción, por motivos de guerra, de la dehesa Rincón del Villar, se ingresaba en la Real Caja de Amortización, cuyo Comisionado estaba presente en las subastas.

Otra modalidad de venta encubierta fue el rédito censario, que aparece en l838, cuando aquellos bienes de propios pudieron ser repartidos mediante un canon perpetuo de 30 reales de vellón anuales por suerte, con derecho a compra por parte del adjudicatario. De esta forma pasaron a manos privadas la mayor parte de las grandes dehesas comunales de la zona. Hacia 1864, el proceso de privatización parece haber terminado, consolidándose una estructura latifundista que aún había de aumentar por compras y uniones familiares.

A la par de tierras, también se enajenaron industrias pertenecientes al patrimonio eclesiástico. El 13 de Agosto de l855 pasan a manos privadas dos de los molinos de El Batán, en término de Calañas, que eran bienes de un Mayorazgo desde 1669.

El 1 de Mayo de 1855 aparece la Ley Madoz que permite, por vez primera, la privatización de los bienes eclesiásticos en forma general. Habían pasado años suficientes para que los primitivos compradores de tierras comunales hiciesen fortuna por lo que unas pocas familias, cuyos apellidos se reiteran hasta la saciedad en dotes matrimoniales, compras y testamentos, serán los únicos posibles propietarios de las capellanías, tierras cofrades y patrimonio rural de obras pías cuyos orígenes eran, a veces, muy antiguos. Con ellos adquiere notable entidad un fenómeno oligárquico que provoca enormes diferencias sociales.